Crespo fue contundente al señalar que el hogar “siempre fue municipal, nunca provincial”, y que atribuir su sostenimiento a la provincia “es una inexactitud que confunde a la comunidad”.

La concejal recordó que la Casa de Abrigo “fue un logro construido durante años”, iniciado en su primera gestión junto a Mariana Pianetti, el área de desarrollo comunitario y el entonces intendente Mariano Barroso.

La edil advirtió que su cierre “sería un retroceso enorme”, ya que antes de la creación del hogar los menores debían ser derivados a otros distritos, lo que dificultaba la revinculación familiar, el seguimiento profesional y el acompañamiento cotidiano.

“Un hogar de abrigo debe parecerse a un hogar real: contención, presencia, cumpleaños, acompañamiento diario. No es un depósito de chicos”, afirmó.

Crespo cuestionó que el municipio evalúe cerrar el espacio por motivos presupuestarios. “La plata nunca alcanza en un municipio, pero ahí se ve la sensibilidad y la prioridad del gobierno. No puede usarse el alquiler de una casa como argumento para desmantelar una política tan necesaria”, sostuvo, marcando que los gastos existirían igual al derivar a los menores a otros municipios.

También criticó el funcionamiento del área de desarrollo comunitario y consideró “gravísimo” que una funcionaria haya publicado en redes una imagen de una causa judicial vinculada a menores: “Para mí amerita la renuncia. No se puede exponer información sensible”, aseguró.

La concejala aclaró que la parte secreta de la última sesión fue únicamente por cuestiones judiciales, mientras que el debate sobre la Casa de Abrigo fue totalmente público.
Finalmente, realizó un llamado directo a la intendenta María José Gentile: “Si quiere cerrar la Casa de Abrigo, lo va a hacer. Pero le pido que lo reconsidere. La necesidad hoy es mayor que hace diez años. Las infancias vulnerables no pueden esperar”.

Según expresan en la iniciativa, la falta de mantenimiento y el deterioro del pavimento afectan la normal circulación tanto de vehículos como de peatones, aumentando las posibilidades de incidentes viales e incluso situaciones de inseguridad.

Desde el bloque destacaron que se trata de una zona de alta transitabilidad, ya que ambas arterias funcionan como accesos principales para el movimiento cotidiano de vecinos y vecinas de Ciudad Nueva, por lo que consideran indispensable mejorar las condiciones de seguridad vial y transitabilidad en el sector.

El Proyecto fue presentado con la firma del Bloque de concejales de Unión por la Patria.

Crespo fue contundente al señalar que el hogar “siempre fue municipal, nunca provincial”, y que atribuir su sostenimiento a la provincia “es una inexactitud que confunde a la comunidad”.

La concejal recordó que la Casa de Abrigo “fue un logro construido durante años”, iniciado en su primera gestión junto a Mariana Pianetti, el área de desarrollo comunitario y el entonces intendente Mariano Barroso.

La edil advirtió que su cierre “sería un retroceso enorme”, ya que antes de la creación del hogar los menores debían ser derivados a otros distritos, lo que dificultaba la revinculación familiar, el seguimiento profesional y el acompañamiento cotidiano.

“Un hogar de abrigo debe parecerse a un hogar real: contención, presencia, cumpleaños, acompañamiento diario. No es un depósito de chicos”, afirmó.

Crespo cuestionó que el municipio evalúe cerrar el espacio por motivos presupuestarios. “La plata nunca alcanza en un municipio, pero ahí se ve la sensibilidad y la prioridad del gobierno. No puede usarse el alquiler de una casa como argumento para desmantelar una política tan necesaria”, sostuvo, marcando que los gastos existirían igual al derivar a los menores a otros municipios.

También criticó el funcionamiento del área de desarrollo comunitario y consideró “gravísimo” que una funcionaria haya publicado en redes una imagen de una causa judicial vinculada a menores: “Para mí amerita la renuncia. No se puede exponer información sensible”, aseguró.

La concejala aclaró que la parte secreta de la última sesión fue únicamente por cuestiones judiciales, mientras que el debate sobre la Casa de Abrigo fue totalmente público.

Finalmente, realizó un llamado directo a la intendenta María José Gentile: “Si quiere cerrar la Casa de Abrigo, lo va a hacer. Pero le pido que lo reconsidere. La necesidad hoy es mayor que hace diez años. Las infancias vulnerables no pueden esperar”.

Desde el Concejo señalaron que la Ruta 5 sigue esperando obras básicas de seguridad vial, mantenimiento e infraestructura, mientras que el Gobierno pretende avanzar en un esquema de cobro que solo encarecerá la vida de miles de vecinos, productores y trabajadores de la región.

El proyecto reclama que no se implemente ningún peaje sin la ejecución previa de las obras prometidas y solicita a la Intendenta gestionar ante Nación y Vialidad Nacional para frenar esta medida que perjudica directamente al distrito.

“Los vecinos de 9 de Julio ya pagan los costos de una ruta deteriorada; no pueden pagar además un peaje sin mejoras”, remarcaron desde el bloque impulsor.

Y también la sanción de la Ordenanza, que ratifica Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica entre nuestro municipio y la Universidad Nacional del General San Martín, con vigencia de cinco años (renovables).

Es fundamental conocer, al día de la fecha, si los referidos acuerdos que tiene el municipio firmado, se están cumpliendo y si están en vigencia. De esta manera, se puede definir cuál es la política pública que el municipio de 9 de Julio, está llevando adelante en materia de seguridad ciudadana.

Bloque de Concejales de Unión por La Patria.

Y también la sanción de la Ordenanza, que ratifica Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica entre nuestro municipio y la Universidad Nacional del General San Martín, con vigencia de cinco años (renovables).

Es fundamental conocer, al día de la fecha, si los referidos acuerdos que tiene el municipio firmado, se están cumpliendo y si están en vigencia. De esta manera, se puede definir cuál es la política pública que el municipio de 9 de Julio, está llevando adelante en materia de seguridad ciudadana.

Bloque de Concejales de Unión por La Patria.

El mencionado artículo proyecta la derogación de la Ley 27.637 conocida como “Ley de Zona Fria”,y que esta norma amplió las regiones beneficiadas por el artículo 75 de la Ley 25.565 del año 2002 en incluyó, entre otros, a 90 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La ampliación del régimen de “Zona Fría” implica un descuento del 30 % de la tarifa para todos los suministros pudiendo ampliarse al 50 % en sectores más vulnerables de nuestra población.

Ante los aumentos sistemáticos y exponenciales de tarifas los descuentos establecidos por la Ley han significado un alivio económico fundamental para miles de hogares de 9 de Julio y la eliminación de este beneficio no constituiría un simple ajuste tarifario, sino un shock económico directo y significativo para los nuevejulienses.

El veto presidencial a la ley de aumento para los jubilados constituye un acto profundamente repudiable que revela una desconexión total del Gobierno Nacional con la realidad que atraviesan millones de adultos mayores en nuestro país.

Este veto no solo atenta contra los derechos económicos de los jubilados, sino también contra su dignidad. Es un mensaje claro de desprecio hacia una franja de la población que debería ser cuidada, reconocida y respetada. Los jubilados no son un gasto, son parte esencial de la historia y el presente del país, y merecen un trato digno, no limosnas ni excusas tecnocráticas.

Por todo esto, los concejales de Unión por la Patria, expresan su más enérgico repudio a la decisión del Presidente Javier Milei de vetar la Ley N° 27.756 que modifica la fórmula de movilidad jubilatoria.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el mes de Julio con el apoyo de todo el arco político  y un fuerte acompañamiento social, la misma, declaraba la Emergencia del sector hasta diciembre de 2027 y proponía medidas urgentes para reforzar el acceso a la salud, el transporte, la educación, el trabajo y los apoyos institucionales para personas con discapacidad. 

El Veto del Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad representa un acto de insensibilidad política y social hacia uno de los sectores más vulnerables del país. Esta Ley, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, buscaba dar respuestas urgentes a las múltiples problemáticas que atraviesan diariamente las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores que sostienen los servicios esenciales que el Estado debería garantizar.

La situación es altamente preocupante ya que, en una zona muy amplia de aproximadamente 6 km de longitud, se encuentra una masa de agua estancada, con un alto riesgo de desbordarse y provocar inundaciones en caminos e incluso en la Planta urbana.

El diagnóstico de los productores locales recae fundamentalmente en la falta de mantenimiento de los canales y caminos en su debido tiempo por parte del estado municipal, lo que provocó una situación de desastre hídrico muy difícil de controlar.