“Por eso hoy queremos exponer ante la ciudadanía estos fundamentos, y por otra parte lamentamos la declaraciones de Fernández, ya que habíamos quedado conformes con la postura adoptada por los ediles del oficialismo en la sesión, donde apoyaron que se lleve adelante una investigación”, señaló Cerdeira, reiterando que tanto él como los ediles que lo acompañaban en diálogo con los periodistas fueron objetos de “amenazas” con el fin de “parar las investigaciones”, por lo que exigió que el Intendente labre un sumario administrativo y efectúe la denuncia correspondiente.

Por su parte, Martín Banchero manifestó que aquí se presenta “una cadena de hechos que se suman y complementan en torno de una falta grave de parte del Intendente Battistella, de carácter doloso, y además agravado por un vínculo familiar”, coincidiendo con Cerdeira que sorprenden las declaraciones de Fernández, “ya que aquí simplemente se está pidiendo una investigación sobre una construcción sin expediente, clandestina y llevada adelante por un profesional que está violando la Ley Provincial de Ordenanzas Municipales y por la cual no puede realizar proyecto y dirección, constituyéndose además hasta diciembre de 2015 como empresa constructora, y de allí en más actuará la Justicia”.

“No denunciar estas cuestiones nos convertiría en cómplices”, subrayó Banchero, reiterando los términos manifestados a nuestro medio en su edición anterior respecto de la autoridad y la responsabilidad del Intendente Municipal.

Asimismo, expresó nuevamente su esperanza que el Departamento Ejecutivo “conteste en un plazo de 10 días hábiles este pedido de informes”.

En tanto, Mariana Pianetti delineó que este pedido de informes “se encontraba en la Comisión de Legislación y comprende la donación de un terreno por parte de un edicto municipal a favor de una sobrina del Intendente, el que no fue aprobado por el Concejo Deliberante; no obstante lo cual en este terreno se construye y supuestamente se pondría en venta, interviniendo como director de obra quien se desempeña en el municipio como inspector de obra”.

“Aún cuando no se haya inspeccionado a sí mismo y lo haya efectuado otra persona, la Ley es clara al indicar que no corresponde, a lo que se agrega que esta persona es concuñada del Intendente”, agregó la concejal del FPV-PJ.

“Han sido muy minuciosos cuando realizamos la Ordenanza del PROCREAR en cuanto a su contenido, y que habría determinado el veto; pero sin embargo no se observa la misma rigurosidad para detectar estas irregularidades, que han determinado que se presenten las actuaciones correspondientes, actuando con la responsabilidad que nos impone nuestro rol de concejales ante los vecinos, que nos exigen que trabajemos en proyectos positivos, pero también que se investigue cuando se observan procedimientos poco claros”, finalizó.