En primera instancia, Palacios subrayó que al ser el edificio propiedad del municipio, “en principio, lo que se hace es rescindir el contrato para que el mismo vuelva al Estado”.

“Esta idea y este planteo es netamente de trabajo cotidiano para que siga funcionando allí la Universidad popular y el programa UBA XXI, para que se sigan trayendo carreras y a futuro podamos tener el centro universitario que tanto anhelamos”, señaló el funcionario, recalcando que de esta manera “se trató de una cuestión meramente administrativa que se debió a la falta de presentación de balances por parte de esta entidad y la dejadez de las autoridades de la misma, ya que la institución como tal no estaba cumpliendo sus objetivos”.

“La última carrera que se había traído a 9 de Julio data del año 2005, y se trataba de una especialidad paga como la de Administración Rural, tras lo cual la Fundación no tuvo ningún tipo de actividad, no mantuvo ningún  tipo de reunión”, apuntó asimismo el secretario de Gobierno.

Palacios confirmó que se mantuvieron varias reuniones con el presidente de la FUN, Juan Carlos Carrero, a fin de reactivar la Fundación, “como vía para canalizar cualquier tipo de carrera o poder traer cualquier tipo de Instituto a 9 de Julio, ante lo cual se nos presentaba esta traba administrativa dada porque la entidad, desde el año 2000 no ha presentado los balances correspondientes ante Personería Jurídica”.

“El municipio venía insistiendo para que se regularizara esta situación y venía ofreciendo los contadores municipales para que pudiera reactivarse su funcionamiento, pero como esto no se dio, y en pos de seguir gestionando carreras y actividades para este edificio, fue que se decidió rescindir nada más que el comodato desde el pasado mes de marzo”, agregó el secretario de Gobierno, subrayando especialmente que a partir de esta decisión “el edificio vuelve al estado Municipal, pero con la idea que la Fundación siga existiendo como una asociación civil que puede seguir funcionando y que tiene las puertas abiertas de la ex Terminal como edificio, que ojalá pueda tramitar carreras y que esto que no ha sido (desde la oposición) una campaña mediática ayude a que la FUN vuelva a funcionar”.

Recordó en este mismo sentido Palacios que la Fundación “tuvo un origen mixto con la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural y un grupo de personas, las que dejaron de realizar su aporte, sobre lo que habría que revisar los motivos y tratar de que se reactive, ya que es un instrumento interesante; lo que no quita que el municipio pueda tener un desarrollo en la educación superior sin la necesidad de esta entidad”.

“El municipio efectuó en su momento subsidios para la instrumentación de carreras y luego para el mantenimiento de los servicios, pero al darse esta situación de no tener la documentación al día, no se podía continuar con estos aportes, ya que esto terminó siendo observado por el Tribunal de Cuentas”.

Ya en otro plano, el titular de la cartera gubernamental adelantó que el Ejecutivo “trabaja en la construcción de tres nuevas aulas y un aula informática dentro del edificio”.

Consultado por otra parte acerca de las observaciones realizadas por la oposición respecto de que esta decisión conlleva una decisión política por haberse creado la FUN durante la gestión al frente del municipio del justicialista Jesús Blanco, el funcionario respondió que se trata de “críticas totalmente infundadas” y que la intención de ello es “politizar las medidas de gobierno para llevarlas a otras esferas”.

Asimismo, indicó que personalmente conversó con el ex Intendente y ex presidente de la FUN, Oscar Ormaechea sobre esta decisión, antes y después de adoptarse la misma y dijo no compartir los términos de una publicación pedida firmada por el mismo, “al tratarse de un hombre de derecho que conoce este tipo de cuestiones, donde no se está yendo en contra del anterior gobierno ni contra la educación; sino regularizar una situación en pos de poder contar con educación superior en 9 de Julio”.