Nos sorprende la pasividad de los gobiernos provinciales, en especial la del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a cargo del Dr. Berni, donde la presencia policial, con su pasividad,  convalidó  situaciones de virtual secuestro, tanto de los camiones como de los choferes, a quienes se les impedía hasta volver a sus casas.

Preocupa de sobremanera la aparición de “autoconvocados” que dictan sus propias normas y deciden quiénes pueden transitar y quiénes no por las rutas argentinas, ante la indiferencia de las autoridades.

Los funcionarios deberían extremar los recaudos para evitar estos actos de violencia pública que podrían convertirse en una chispa dentro de un polvorín.

La inacción del Gobierno Nacional al permitir cortes en lugares tan estratégicos como la Ruta Nacional Nº 9  (Panamericana) y hasta del Túnel Subfluvial, revela una descomposición de las normas y leyes que deberían regir la conducta de todos los argentinos.

Estamos ante ministerios de seguridad provinciales que,  ante la presencia del delito, no accionan ni ayudan a las víctimas; de fiscales que, ante el conocimiento de acciones delictivas, no actúan de oficio a pesar de la obligación que la ley les impone; y frente a colas interminables de camiones que pueden provocar accidentes de tránsito sin que a nadie le preocupe el riesgo y la seguridad de choferes secuestrados en las rutas.

Estas ilegalidades hicieron que la Federación de Acopiadores tuviera que  realizar denuncias penales para proteger a los transportistas que quieren seguir trabajando.

Pedimos tanto al Gobierno nacional como a la Justicia y a los Gobiernos provinciales que cumplan con sus obligaciones y actúen aplicando la ley ante estos atropellos garantizando el derecho constitucional de transitar libremente por nuestras rutas.